La obra pública es, tradicionalmente, una de las cajas utilizadas
por los funcionarios burgueses para convertirse en millonarios, recibiendo
coimas a cambio de la adjudicación de emprendimientos, que muchas veces no
sirven para nada o ni siquiera son finalizados, como ocurrió en nuestro país con
varias obras de Lázaro Baez y otros
mafiosos kirchneristas.
La mayoría de las grandes empresas, nacionales o
internacionales, asignan una parte de sus presupuestos solo para organizar
lobbies y otras matufias al servicio de “influenciar” ministros, secretarios de
estado, intendentes, gobernadores y burócratas de menor rango, de manera de concretar
negocios con estado, que en general son los más rentables.
La brasilera Odebrecht - mayor constructora de América
Latina - no actuó ni actúa de manera diferente a la mayoría de sus pares, ya
que para trabajar en 28 países distintos, entre ellos Estados Unidos, ha
gastado fortunas para ganar licitaciones públicas. La operación “Lava Jato”
situó a la empresa en el centro de las noticias, debido al escándalo Petrobras.
Todo esto comenzó a suceder cuando un ex empleado de la
petrolera estatal, a cambio de lograr una rebaja de su condena por soborno, comenzó
a “hablar”, provocando que otros 77 altos funcionarios de la misma empresa se
prestaran a dar nombres, fechas y montos de las coimas entregadas por la gente
de Odebrecht.
La constructora tuvo que pagar una multa enorme por el
delito de corrupción: 3.500 millones de dólares, que fueron repartidos entre
los Gobiernos de Brasil, EEUU y Suiza (países que también investigaban a
Odebrecht por sus prácticas corruptas). A cambio de esto recibió un
salvoconducto que le posibilitó volver a
licitar obras públicas, su principal fuente de ingresos.
Sin embargo, el escándalo creció de tal manera que salpicó a
la mayoría de los regímenes latinoamericanos y de los Estados Unidos, afectando
de manera directa a presidentes y ex presidentes, como el colombiano Juan
Manuel Santos o Alejandro Toledo, que se encuentra prófugo de la justicia
peruana y buscado por Interpol.
Un mes atrás se conoció la declaración de uno de Claudio
Melo Filho, de Odebrecht, quien explicó que su trabajo consistía en “presionar”
- para sobornar - a políticos brasileños a cambio de que favorecieran a la
empresa. Melo Filho dijo que, en ese marco, el presidente Temer embolsó diez
millones de reales para su campaña electoral.
Los negociados de Odebrecht en Argentina ubican a los coimeros
Báez y Cristobal López como bolicheros de barrio, ya que la empresa - según las
primeras investigaciones judiciales - habría aportado a “intermediarios” de
Buenos Aires más de 35 millones de dólares para acceder a contratos por unos 278
millones de dólares durante el kirchnerismo.
Pero los negocios de la constructora exceden a los gobiernos
“nacionales y populares”, embarrando al macrismo, que tiene vínculos directos con
la multinacional brasilera a través del actual jefe de los espías, Gustavo
Arribas, quien, bajo presión, se vio obligado a declarar la transferencia de
600.000 dólares por parte del encargado de los sobornos de Odebrecht, Leonardo Meirelles.
Esta suma, que apenas constituye la “punta del iceberg” de
otros grandes negociados, podría tratarse de una “cometa” por obras en el
Ferrocarril Sarmiento, en la que participaba el primo de Macri, Ángelo
Calcaterra, uno de los empresarios que más se han enriquecido en los últimos
años gracias a su relación con el estado.
Mientras Macri defiende a su amigo íntimo, Arribas, y trata
de zafar de este affair, desfachatadamente continúa realizando negocios con Odebrecht.
¡Días atrás, el presidente posó junto a operarios de la compañía en Córdoba,
demostrando que la ofensiva contra la “corrupción” kirchnerista no es más que
una cortina de humo para ocultar la propia!
La conducta de Cristina no se diferencia mucho de la de
Macri, porque ambos son, o fueron, jefes del Estado Capitalista Semicolonial
Argentino, que funciona al servicio de los negocios de los grandes monopolios, cuyos
gerentes o CEOs dictan las órdenes más importantes desde los pasillos de sus
casas matrices en el extranjero.
Para esta gente, la democracia no implica la posibilidad de
que las masas participen en el debate y las decisiones del poder, sino todo lo
contrario. Para los capitalistas democracia es el marco institucional dentro
del cual los monopolios - a través de sus representantes políticos - se pelean
entre sí, negocian y pactan, para hacerse con los mejores negocios.
Las coimas forman parte “orgánica” de este sistema, una
especie de aditivo de su principal combustible: la ansias de ganar dinero a
partir de la explotación de los trabajadores y saqueando recursos. Son, además,
el incentivo que reciben los funcionarios dedicados a garantizar la
rentabilidad burguesa, que reclaman algo más que sus altísimos sueldos.
Sin embargo, en esta época de decadencia del Capitalismo, la
corrupción ha crecido tanto, que se les ha transformado en un problema que mina
las bases de la gobernabilidad patronal, razón por la cual un sector de la
burguesía pretende limitarla y acotarla, de manera de legitimar su dominio
sobre las clases subalternas e imponer ciertos “códigos de convivencia” inter
burguesa.
El accionar de Lilita Carrió, que siendo parte del gobierno
de Cambiemos ha salido a cuestionar la conducta de Gustavo Arribas, forma parte
de esa ofensiva, encarada también por Margarita Stolbitzer, Graciela Ocaña y
otros dirigentes, que para mantener la esencia corrupta del Capitalismo
pretenden limitar sus aristas más escandalosas.
Los trabajadores y el pueblo tenemos que luchar para meter
presos a los que amasan fortunas con los fondos públicos, que en definitiva
provienen de nuestro trabajo. Por eso, para los socialistas revolucionarios hay
que condenar, mediante juzgados populares, tanto a Cristina como a Macri y a
todos los funcionarios coimeros que los rodean.
No obstante esto, mientras peleamos contra el robo descarado
de las arcas estatales y el control de las mismas por parte de los trabajadores
y el pueblo, debemos encarar la lucha por la solución de fondo, que no es otra
que echarlos a todos, mediante una auténtica revolución, que de paso a la
construcción del único sistema capaz de representar a las mayorías y limitar el
accionar de estas bandas de delincuentes: el Socialismo.
Hay que poner en marcha de un gobierno de los trabajadores y
el pueblo, apoyado y controlado por instituciones para la democracia directa como las asambleas populares - a través de las
cuales los/as de abajo tomen en sus manos los destinos del país, expropiando a
los capitalistas y poniendo los grandes recursos y riquezas al servicio de las
mayorías.
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