España: Frente a la crisis, continúan crujiendo los eslabones más débiles de la cadena capitalista. Nota denominada "Nacionalizar las pérdidas o los bancos", editada por el PRT/IR del Estado Español, sección de la Lit/CI

Embarrados en la crisis capitalista

Como bien señala Corriente Roja*, la economía de "Champions League" de la que alardeaba Zapatero, se ha convertido en un chiste macabro.

Los 14 años de "prosperidad"española parecen ya otra época y hemos entrado ya de pies y manos en el lodazal de la crisis capitalista.

La propia Comisión Europea ha reconocido que este año la economía española entrará en recesión, que se prolongará sin remedio el año que viene.

El "milagro español" ha sido uno de los ejemplos más destacados de la ola especulativa que ha vivido estos años el capitalismo mundial.

Ahora, en correspondencia, le corresponde al capitalismo español una de las mayores "purgas".

Una crisis que engarza con la crisis mundial

La crisis del capitalismo español se integra como una pieza menor en la gravísima crisis del capitalismo mundial.

Desde que en el verano de 2007 estalló la crisis inmobiliaria en EEUU, contaminando al sistema financiero internacional, los gobiernos imperialistas han prestado dinero a mansalva a los bancos privados, acogotados por deudas incobrables.

Pero, a pesar de las impresionantes sumas usadas, apenas han logrado impedir el derrumbe bursátil y se han visto obligados a "rescatar" de la quiebra con dinero público a gigantes financieros.

Cuando cerramos esta edición, la Administración Bush, aterrorizada ante el curso imparable hacia la quiebra financiera ("íbamos al descalabro total"), ha emprendido la mayor intervención pública conocida para salvar de la ruina a los grandes especuladores de Wall Street.

El secretario del Tesoro, tras declarar que "si el plan no se aprueba, el cielo nos asista", ha anunciado que movilizarán "cientos de miles de millones de dólares" (700.000) para comprar activos financieros podridos ("Les das un buen dinero y a cambio te devuelven lo peor de lo peor", resumía un senador).

Los hasta ayer acérrimos defensores del "libre mercado", han echado mano de fondos públicos a escala gigantesca a costa de aumentar el enorme endeudamiento público norteamericano.

Sin embargo, ellos mismos no saben qué va a suceder mañana, sólo que ya no les quedan más recursos, que van a necesitar mucha fortuna para impedir el hundimiento de las finanzas y que la entrada en una profunda crisis económica a escala mundial es inevitable.

No estamos ante una crisis más del capitalismo mundial. Es la mayor crisis desde 1929.

Su epicentro no está, como otras veces, en la periferia del sistema sino en el centro del capitalismo imperialista.

Su alcance es mundial, pues toca también de lleno a los imperialismos europeos y japonés y ha comenzado ya a afectar a China, la "fábrica del mundo".

No es una crisis breve, como en 2002, sino el inicio de un descenso profundo y duradero que va a estar marcada por los mayores ataques a la clase trabajadora y por la recolonización acentuada de los países dependientes.

La Directiva de las 65 horas, el último y brutal ataque de la Europa del Capital, cobra todo su sentido en este cuadro.

El fardo de la crisis sobre los trabajadores

La combinación entre la profundidad de la crisis mundial y la fragilidad de la economía española (dependencia del ladrillo, enorme endeudamiento, sistema bancario atrapado y déficit exterior record) no ofrece duda sobre la envergadura de los ataques que vienen.

Cientos de miles de familias trabajadoras no alcanzan a fin de mes y conforme transcurren los días su situación empeora sin esperanza.

La enorme subida de las hipotecas y la carestía de la vida -que se ceba en la alimentación y servicios básicos- corroen unos salarios raquíticos.

Cerca del 40% de los asalariados perciben menos de 1000 al mes y en sectores como el comercio, hostelería o limpieza, apenas ganan 800 euros/mes.

En un año, la cifra oficial de parados ha aumentado medio millón (llegando en julio a 2,5 millones).

En la primera fase el paro se ha concentrado en la construcción, afectando en particular a trabajadores inmigrantes.

Los demandantes de primer empleo no encuentran trabajo y lo van a tener cada vez más negro.

El paro (desocupación) en la construcción va a seguir aumentando conforme las obras se vayan acabando.

Hemos entrado en un proceso de no renovación de contratos temporales, presentación de expedientes de regulación de empleo (EREs) y cierres de empresas, que se están concentrando en el automóvil y las ramas vinculadas a la construcción, pero que se extiende al conjunto de la economía.

Son pocos los polígonos sin pancartas denunciando atrasos en el pago de salarios o cierres de pequeñas empresas que dejan colgados a los trabajadores.

Según las Cajas de Ahorro, que no pecan de catastrofistas, el paro (desempleo) llegará al 16% en 2010: ¡3,8 millones de parados!

La política propatronal de Zapatero

El Gobierno insiste en que "no abandonará sus compromisos sociales" y velará por "los más desfavorecidos".

Zapatero alardea que el año que viene aumentará las pensiones mínimas un 6%; pero la alimentación, vivienda y servicios básicos, que es el consumo de estos pensionistas, ha subido bastante más que el 6%!

Con esta generosidad", el Gobierno los empuja (más de cuatro millones cobran menos de 600 euros) a una pobreza alarmante.

Otra gran bandera "social" de Zapatero es mantener las prestaciones de desempleo. ¡Sólo faltaría que las recortara!

Pero el gran problema es que las prestaciones tienen una duración máxima a dos años, con el agravante de que gran cantidad de parados no llega a este límite.

¿Qué pasará a partir del año que viene, cuando se vayan agotando las prestaciones y siga el desempleo?.

Prometieron en la campaña electoral que incrementarían el Salario Mínimo desde los actuales 600 euros brutos hasta los 800 al acabar la legislatura; pero Solbes ya ha anunciado que la promesa queda "aplazada" a mejores tiempos.

Pasaron el verano anunciando un "paquete de medidas" contra la crisis; de todas ellas, la única real es el crédito especial de 3.000 millones de euros para salvar a las inmobiliarias y la banca, algo que retrata de forma elocuente el carácter pro-patronal de la política del gobierno.

Siguiendo el modelo Bush, desatienden sus obligaciones sociales y meten mano a las arcas públicas para ayudar a los que más se forraron estos años.

Su carácter pro-patronal queda también a las claras en la vergonzosa supresión del Impuesto de Patrimonio, un regalo de 1800 millones a los más ricos.

De la misma manera, el Gobierno dice que los empleados públicos "no pagarán la crisis", pero anuncia una subida salarial del 3%, cuando el IPC difícilmente bajará del 5%.

El ministro Corbacho lanza mensajes chovinistas y xenófobos, destinados a justificar las expulsiones y endurecer las condiciones de los trabajadores inmigrantes, que alientan el enfrentamiento con los trabajadores autóctonos.

Al estilo de Le Pen y Berlusconi, Corbacho se despachó con "los españoles primero".

Tenemos también los planes para dar un gran empujón, de la mano de la ministra Garmendia (ex vocal de la Directiva de la CEOE), al proceso de privatización de las Universidades (plan Bolonia), abriéndolas de par en par a las inversiones y control de las grandes empresas.

Y si bien son Comunidades como Madrid, gobernada por el PP, las que se llevan la palma en la privatización de los servicios públicos, esta política es una orientación compartida por el PSOE, que critica las políticas de Aguirre, pero sostiene la Ley 15/97, base jurídica de esas privatizaciones, y que promueve privatizaciones en las Comunidades y ayuntamientos que controla.

"Diálogo social" frente a la movilización

Este Gobierno ya no despierta entusiasmo popular. Es políticamente débil y se ha quedado, además, sin margen de maniobra por la hondura de la crisis.

Por eso apela con desesperación al "diálogo reforzado" con la burocracia sindical de CCOO y UGT, para desactivar la ola de protestas que se viene.

Promete, a cambio, que no modificará la legislación laboral sin consenso de la burocracia sindical.

El pasado julio, Gobierno, patronal y burocracia sindical firmaron sus compromisos para el "Diálogo Social", mostrándose favorables a la "moderación" salarial, la flexibilidad laboral y la colaboración con el Gobierno.

En consonancia, los jefes de UGT y CCOO han mostrado su complicidad ante el anuncio de Solbes de "aplazar" el incremento del SMI (limitándose a una protesta formal) y se han callado ante la supresión del Impuesto de Patrimonio y ante el anuncio de la "subida" salarial de los empleados públicos.

Las propuestas concretas de la Declaración de julio son: la reforma de la negociación colectiva (para reforzar el control de la burocracia sindical); nuevas prebendas oficiales (aumentando el papel institucional de los jefes sindicales); reforma (privatizadora) del INEM; potenciación de las ETTs y, muy en particular, reforma de las pensiones, en el marco del Acuerdo de Toledo, ampliando el período de cálculo con la idea de reducir su importe en más de un 20%.

Luchar por una salida obrera a la crisis económica

Los voceros del capital hablan de la crisis como de una catástrofe natural, frente a la que "todos tenemos que ajustarnos el cinturón".

La burocracia sindical y la izquierda institucional hablan de reparto "equitativo"; pero los que durante 14 años se han llenado los bolsillos a costa de generalizar la precariedad y los bajos salarios, sólo conocen una receta para salir de su crisis: aumentar la explotación y machacar nuestros derechos hasta recuperar unos márgenes de ganancia que animen un nuevo ciclo de "prosperidad".

Esa es su salida y nosotros tenemos que levantar la nuestra; necesitamos un plan obrero frente a la crisis, al servicio de los trabajadores y de la gran mayoría.

¡La crisis la deben pagar los capitalistas! El Estado no debe soltar un euro a los que se enriquecieron a nuestra costa.

¡Ni un euro para la Banca y las inmobiliarias! Los recursos públicos deben destinarse a salvar y a crear puestos de trabajo y a evitar el desmantelamiento industrial.

Frente a cierres y deslocalizaciones, la autoridad laboral no debe aceptar un ERE más y la empresa que pretenda cerrar o deslocalizarse debe ser intervenida o nacionalizada bajo control de los trabajadores.

Hay que exigir un plan de obras públicas y servicios sociales para construir y poner en marcha hospitales, residencias, ambulatorios, guarderías, escuelas, polideportivos, centros sociales y otros equipamientos públicos que den repuesta a las necesidades populares y creen miles de empleos.

Luchar contra el desempleo exige el rechazo frontal a la Directiva de las 65 horas semanales, reducir la jornada a 35 horas y la jubilación a los 60.

Trabajar menos para trabajar todos/as. Y mientras el parado no se recoloque, el Gobierno debe asegurarle las prestaciones de desempleo.

Hay que paralizar ya las medidas de privatización de los servicios públicos básicos como la educación, la sanidad, el transporte o el agua; supresión de la Ley 15/97 que permite privatizar la Sanidad.

Frente a unos salarios que no llegan y cada día valen menos, hay que exigir un Salario Mínimo de 1.200 euros, actualizados con la inflación.

Las pensiones mínimas no deben bajar del Salario Mínimo. Ante la carestía, de la que se benefician petroleras, monopolios, intermediarios y grandes centros de distribución, hay que congelar los precios de los productos básicos (alimentos, gas, luz..) y controlarlos.

No se puede vivir decentemente sin acceso a una vivienda digna. La "solución" no es subvencionar a los promotores para construir nuevas viviendas protegidas, cuando hay entre tres y cuatro millones vacías.

Esas viviendas deben ser puestas a disposición de la sociedad, creando un parque público de viviendas, al mismo tiempo que se impone por ley un alquiler social que no exceda del 20% del salario medio. Felipe Alegría

¿NACIONALIZAR LAS PÉRDIDAS DE LOS BANQUEROS O NACIONALIZAR LOS BANCOS?

Presididos por Bush, los mismos que nos han taladrado con la superioridad del capitalismo y la muerte del socialismo (después de identificarlo interesadamente con el totalitarismo estalinista), confiesan ahora la bancarrota del libre mercado y exigen al Estado capitalista que intervenga para salvar a los banqueros.

A los mismos que han desatado la especulación, se han enriquecido masivamente con ella y han desencadenado la crisis.

Aquí, ha sido el Presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, el que ha proclamado que "hay que hacer un paréntesis en la economía de mercado".

La utilización masiva de fondos públicos para salvar a los mayores ladrones del planeta es una nueva afrenta a los trabajadores y a los pueblos, sobre los que quieren cargar el fardo de la operación.

El movimiento obrero tiene, frente al capital y sus gobiernos, una vieja consigna que parecía olvidada y que hoy recupera plena actualidad: la expropiación de la banca privada y la estatización del sistema de crédito.

La razón es sencilla: Son los bancos, amalgamados con las grandes corporaciones, los que concentran en sus manos el dominio de la economía.

Es imposible dar un solo paso contra los grandes monopolios y la anarquía capitalista mientras los bancos estén en manos de financieros sin escrúpulos.

Sólo la expropiación de la banca privada y la concentración de todo el sistema de crédito en manos del Estado pueden proporcionar los medios para llevar adelante un plan económico racional que responda a los intereses de los trabajadores y la gran mayoría.

Así, no sólo los pequeños depositantes encontrarían condiciones mucho más favorables y los pequeños productores crédito barato, sino que la economía en su conjunto -y ante todo las grandes empresas y los transportes-, podrían ponerse al servicio de los intereses vitales de la población

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