El
jueves 16 de agosto la policía sudafricana perpetró una masacre
contra los mineros en huelga en la Mina de platino en la ciudad de
Marikana, Sudáfrica. Esta mina pertenece a Lonmin, una multinacional
inglesa, que es la tercera mayor productora de platino del mundo.
Los mineros
de la ciudad de Marikana están en huelga desde una semana antes de los
asesinatos -reclamando aumento de salarios- organizados en un nuevo sindicato,
ya que el oficialista, ligado al gobierno del Congreso Nacional Africano y a su
central obrera, la Cosatu, trabaja como agente de la patronal.
La paralización afecta a cerca de 3
mil trabajadores, quienes además de exigir una mejora en sus haberes, exigen
cambiar en las condiciones laborales. Los compañeros estaban acampando en la
mina cuando la policía -acatando órdenes del gobierno- los atacó con un amplio
apoyo de vehículos blindados y helicópteros.
Este acontecimiento
demuestra que el Apartheid -régimen de segregación racial imperante durante
décadas en Sudáfrica- culminó solo en sus formas, ya que el gobierno del
partido de Nelson Mandela mantiene su esencia. El Partido del Congreso Nacional
Africano -CNA-, aliado con el Partido Comunista, continúa gobernando para los
grandes patrones mineros.
La minoría
blanca, privilegiada de manera absoluta durante el Apartheid, cedió algunos
privilegios para mantenerse como la elite que gobierna el país, disfrutando de
las ganancias que provienen del trabajo semi esclavo de la mayoría negra.
Por eso el
gobierno del presidente Jacob Zuma, en vez de ubicarse del lado de los
huelguistas, propuso la formación de una comisión para investigar la
“violencia”, sin distinguir la que proviene del estado -armado hasta los
dientes- de la legítima autodefensa del proletariado negro, organizado con simples
palos y machetes.
La única
garantía de imponer justicia es peleando consecuentemente contra las políticas
del CNA, entregado de pies y manos a los monopolios mineros y al capital
financiero internacional. Para eso hay que apoyar a los obreros que reclaman
justicia y organizar una campaña mundial solidaria.
La lógica
brutal del saqueo
El
asesinato de los mineros no es un hecho aislado, provocado por una fuerza
policial que se “excedió” a la hora de defender a los empresarios. Constituye
el punto más alto de un proceso represivo que se extiende al nivel planetario
con el mismo objetivo: imponer una nueva vuelta de tuerca a la recolonización
mundial.
Para superar
su crisis terminal, el imperialismo necesita saquear los recursos de todo el
planeta y convertir en semi esclavos a la mayoría de sus habitantes, para lo
cual cuenta con los servicios de los gobiernos nacionales, que se arrodillan a
sus pies entregándoles los recursos y la soberanía a la voracidad de los
monopolios.
Estas
políticas deben ser impuestas mediante la represión, ya que los pueblos
reaccionan contra la súper explotación y la destrucción de sus respectivos
hábitats, como sucedió en Famatina y la Alumbrera, donde las policías locales y
las patotas armadas por las mineras y el gobierno de Cristina apalearon a los
ambientalistas que cortaban las rutas.
Lo mismo
pasó en Perú, donde el gobierno de Humala reprimió a los trabajadores y el
pueblo de Cajamarca, provocando la muerte de cuatro personas y la detención de decenas,
luego de militarizar la ciudad para contrarrestar la lucha de miles de indígenas,
campesinos y ambientalistas que protestaban contra la minera Yanacocha.
En Chile el
gobierno de Piñera apalea, asesina, tortura y encarcela al pueblo Mapuche, que es
vanguardia en la lucha contra el accionar de las empresas madereras, que los
expulsan de sus tierras para talar los árboles.
Ni que
hablar del gobierno paraguayo de Franco, que continúa las políticas de Lugo,
asesinando y encarcelando campesinos para entregarle las tierras a Monsanto y
los pooles sojeros. Su gobierno acaba de darle vía libre a la instalación de la
mega minera Alcán en la cuenca del Río Tinto, que utilizará la abundante y
barata energía hidroeléctrica para producir aluminio.
El proceso
de entrega involucra a todos los gobiernos, aún aquellos que se dicen
“antiimperialistas”, como el de Chávez, que entregó la cuenca del Río Orinoco a
las multinacionales Chevrón y Repsol. O el de Evo Morales, que para construir
una carretera al servicio de los empresarios, reprimió a los pueblos
originarios que defendían sus tierras ancestrales en el Tipnis.
Todos estos
agentes del imperialismo reprimen y reprimirán violentamente a sus pueblos, ya
que es la única manera de consumar la entrega del agua, el petróleo, los
minerales, los campos, los peces y demás riquezas. Los trabajadores y los
pueblos del mundo deben comprender esta realidad, asumiendo que la lucha por
justicia para los mineros de Sudáfrica es un problema de defensa propia.
La lucha
por el juicio y castigo para los asesinos de Marikana forma parte de una pelea global
contra los planes de Ajuste, Saqueo y Represión que perpetran los lacayos del
imperialismo. ¡Si ellos triunfan ganarán todos los que enfrentan las mismas
políticas y la misma represión!
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