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| Grupos de autodefensa de Michoacán desarmando policías |
México se parece a un “Estado Fallido”, donde el poder
político actúa como salvaguarda de los bancos y empresas yankis, que
acrecientan sus fortunas mediante el lavado de dinero de las drogas, proveniente
del mercado estadounidense, principal consumidor de estupefacientes del mundo.
Transformado en un paraíso de mano de obra barata desde
mediados de los 80, casi el 70 % de su clase obrera trabaja en condiciones
de precariedad, con jornadas extenuantes de 12 y 16 horas, sin derechos básicos
como seguridad social, vacaciones o aguinaldo; mientras que más de 12 millones
reciben sueldos inferiores al salario mínimo legal.
El avance de las multinacionales de los agronegocios provocó
la ruina de los pequeños y medianos productores y la expulsión de enormes
contingentes rurales hacia las metrópolis, contribuyendo al crecimiento -sin
precedentes- del ejército de desocupados.
En este marco, el pueblo viene siendo azotado por las tropas
del ejército, sicarios, bandas paramilitares, agentes de la DEA y de la CIA, que cuentan con zonas
liberadas para aterrorizar a la clase obrera y el campesinado asesinando a
miles de luchadores.
Por esto, luego de sufrir más de una década de torturas,
secuestros y vejámenes -la cifra de muertos y desaparecidos supera los 150 mil-
varios pueblos se han levantado en armas, formando "autodefensas", un
proceso que empalma con las "policías comunitarias", que comenzaron
en la década del 90.
Sólo en Michoacán existirían más de 40 mil hombres y mujeres
armados, quienes han tomado el control de decenas de poblaciones. Grupos de
“Ejidatarios, cortadores de limón, gente de trabajo y del pueblo que hacemos
esto porque estamos cansados del crimen organizado". (Estanislao Beltrán, vocero
de las autodefensas a la agencia AP)
Las autodefensas, que están constituidas por distintos
sectores -desde los trabajadores más pobres hasta sectores medios y altos del
campo- impulsan la formación de Consejos de Ciudadanos, elegidos mediante
"reuniones" o "asambleas" populares, mientras que los
grupos armados están compuestos por voluntarios que no cobran sueldo.
La reacción del Gobierno.
Al principio el gobierno trató de desarmar a las
autodefensas mediante el ejército, pero tuvo que retroceder debido la
combatividad de los trabajadores y el pueblo de Michoacán, que no confían en
los militares, a quienes acusan de formar parte del narcotráfico.
Luego intentaron desacreditarlas, utilizando los medios masivos
de difusión para largar versiones que acusaban a los capos de los grupos
mafiosos opuestos a los “Caballeros Templarios” de estar detrás de la
organización y provisión de armas.
Como estos nuevos planes tampoco sirvieron, acaban de
proponen la “integración” de las autodefensas a las policías municipales y de
decretar la necesidad de registrar a sus miembros y a sus armas.
¡No obstante esta maniobra, cuyo objetivo es contar con la
nómina de los insurrectos -para atacarlos y encarcelarlos más adelante- también
está fracasando, ya que la mayoría se niega a registrarse y a entregar las
armas de guerra!
A pesar de todos los intentos gubernamentales continúan
surgiendo estos embriones de milicias populares, que siguen ocupando
poblaciones, desarmando y ejecutando narcos.
Más allá de su carácter policlasista y los límites de sus
dirigentes, la izquierda debe ubicarse junto a las autodefensas, que enfrentan
a una de las patas más siniestras del plan de ajuste y saqueo de Peña Nieto -el
narco negocio- sostenido por el imperialismo y la columna vertebral del estado
capitalista, que es el ejército.
Desde ese lugar los socialistas deben disputar su conducción
política, proponiéndole a la clase obrera que coordine sus reclamos con las
demandas de los pobladores de Michoacán y de otros distritos levantados en
armas mediante la
Huelga General contra Peña Nieto y sus planes!
La izquierda debe postularse como alternativa de dirección,
planteando la necesidad del programa socialista y del gobierno de los
trabajadores y el pueblo, apoyado en sus órganos democráticos de decisión y las
milicias obreras y campesinas.
Una verdadera guerra contra los trabajadores
En 1º de Mayo 2006 se produjo una gran huelga general en los
Estados Unidos, protagonizada por los trabajadores inmigrantes, buena parte de
ellos mexicanos. Este movimiento de los indocumentados empalmó con la
resistencia obrera -que en esa época y en todo el planeta- comenzaba a
desplegarse en contra de las formas más extremas de precarización laboral.
Una pelea -hoy en día mucho más avanzada- que están
realizando los trabajadores chinos, pakistaníes, indonesios, de la India, etc. y que en
Centroamérica y México llevan adelante los obreros de las maquilas (fábricas
con trabajo prácticamente esclavo, que tuvieron su auge a partir de 1994, luego
de la firma del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y México).
En ese contexto, más de 3 millones de mejicanos se
movilizaron contra el fraude que llevó a la presidencia al conservador Felipe
Calderón; por eso no es casualidad que a pocos días de asumir, en 20006, éste
haya declarado “la guerra contra el narcotráfico”.
Guerra, que en realidad se llevó adelante contra los
trabajadores y el pueblo pobre, producto de la cual -durante seis años que duró
su mandato- fueron asesinados más de 130 mil personas y, de acuerdo a datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Sistema Nacional de
Seguridad Pública- más de 300.000 permanecen en calidad de desaparecidas
Es que, en realidad, esta ofensiva gubernamental no fue
planificada para acabar con los narcos, sino para enfrentar esta resistencia de
los sectores más explotados de la población, mediante una política de
terrorismo de estado, coordinada con las bandas mafiosas más violentas, que
trafican drogas y mujeres.
Por eso, mientras las autodefensas están tratando de ocupar
el bastión de los “Caballeros Templarios” -la ciudad de Apatzingán de 125.000
habitantes- esta localidad fue invadida por tropas del ejército, que están allí
para evitar que los grupos armados por el pueblo cumplan con sus objetivos.
Tan descarada es la política del gobierno, que dos días
antes de la presencia de Peña Nieto en Apatzingán, se realizó un multitudinario
recital en un predio cedido por el gobierno, donde actuaron grupos musicales
que cultivan el género del “narco corrido” -como “Komander” o “Los de la A”- quienes declararon abiertamente su adhesión a
los Caballeros Templarios.
El pueblo en armas
Actualmente existen grupos de autodefensa o policías
comunitarias en al menos 11 entidades de la república mexicana, es decir, en al
menos 106 municipios de ese país, los cuales ocupan el 5.11% del área total de
México.
De estos municipios aproximadamente el 77% de ellos se
encuentran en tres entidades, Michoacán, Guerrero y Chiapas, mientras que el resto
de los casos se distribuyen en una frecuencia muy baja entre Colima, Chihuahua,
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla,
Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. La mayor parte de estos municipios tienen una
vocación rural.
En Michoacán las autodefensas controlan la quinta parte del
estado y parecen contar con al menos 25000 personas armadas. Una encuesta
revela que el 58% de la población de Michoacán avala a las autodefensas.
Reciben apoyo monetariamente, con gasolina y animales
(vacas), de parte de pequeños y medianos ganaderos y empresarios de la región.
El armamento lo obtienen, esencialmente, como trofeos de guerra que les quitan
a los Caballeros Templarios (grupo de narcotraficantes) que matan.
Varios de sus integrantes son migrantes que llegaron a vivir
en Estados Unidos y han decidido regresar, quedarse y luchar contra el crimen
organizado para defender a sus familias y comunidad. Pero no sólo los hombres
integran a las autodefensas, también las mujeres forman parte de las mismas en
distintas localidades.
En Guerrero las policías comunitarias reciben el apoyo por
parte de la población a través de aportes voluntarios de $200.- o $300.- pesos,
lo cual hacen con gusto, comparando que antes tenían que pagar cuotas al crimen
organizado de $1,000.- o $2,000.- pesos.
Según dirigentes de las policías comunitarias, en este
estado han logrado resolver el problema de la delincuencia en un 90%, y
ratifica que si no han logrado el 100% es debido a que las autoridades protegen
a los delincuentes. Así mismo, ellas fundamentan su accionar en la constitución
mexicana (artículo 39, “El pueblo tiene el inalienable derecho de modificar o
cambiar su gobierno”).
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